QUE LA CRISIS DE UCI Y LOS MALOS RESULTADOS EN LA PANDEMIA:
No oculten al verdadero responsable de este desastre
Leonardo García Rojas
Presidente Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá
Una mirada a las estadísticas mundiales de COVID-19, a 17 de enero de 2021, muestra una realidad dramática de la situación de la pandemia en Colombia, muy distinta de la que muestra el “reality” Prevención y Acción:
- Después de Brasil, Colombia es el 2° país latinoamericano con más casos de COVID-19,
- Después de México, Colombia es el 2° país hispanoamericano con más fallecimientos confirmados y
- Anivel mundial, Colombia es undécimo en número de casos y duodécimo en número de muertes confirmados.
Gráfico N°1: Colombia, Argentina, México, Perú y Chile en el panorama mundial de Covid-19 a 11/enero/2021
El gráfico N°1 muestra que Colombia está entre los 11 países donde más se extendió el contagio y entre los 12 países donde se contabilizó el mayor número de muertes, algo realmente catastrófico, que no se presta para designaciones elogiosas como las que vimos en algunos medios al final del año.
¿Por qué hemos llegado a estos resultados?
Las razones para que hayamos llegado a esta situación son estructurales. La escasa disciplina social es una de ellas, pero poco se habla de la estrategia del gobierno nacional de todo el poder para las EPS y el Aseguramiento,quesu resultado visible es la negación de atención por las EPS.
Al decir que el problema es estructural está soportado con las políticas públicas que se venían implementando en el país al momento de la llegada del virus. La Ley 1955 de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” comenzó definiendo cuatro ejes de política pública en salud:
1) La centralización de la administración del reconocimiento y pago de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC del régimen subsidiado en ADRES
2) La definición de nuevos Valores Máximos de Recobro
3) El Acuerdo de Punto Final y
4) La definición de Techos o Presupuestos Máximos, para la entrega anticipada de recursos del PBS No financiado con UPC a las EPS.
Según sus mentores, este andamiaje normativo buscaba que las EPS gestionen y administren el sistema de salud integralmente, es decir, que garanticen a los usuarios que lo requieran, todos los servicios y tecnologías en salud, autorizados en el país por la autoridad competente, indistintamente de si están financiados con la UPC o por nuevos presupuestos girados por la ADRES para “garantizar el flujo oportuno y efectivo de recursos para financiar los servicios de salud, la transparencia en su asignación y el financiamiento y prestación eficiente”.
En este contexto, las Resoluciones 205 y 206 de 2020 implicaron el máximo empoderamiento de las EPS y les trasladaron la gestión y administración de todos los recursos destinados de lo financiado y no financiado por la UPC de los regímenes contributivo y subsidiado. La política de empoderar al máximo el sistema de aseguramiento (liquidando la salud pública) ya se había implementado en Colombia cuando llegó la pandemia.
Y en medio del desastre sanitario generado por la pandemia, el Congreso impulsó -con mensaje de urgencia del presidente- el proyecto de Ley 10 de 2020, para elevar a rango de Ley, su modelo de aseguramiento. Y el caso es tan grave que este proyecto puede ser aprobado en la próxima legislatura, con falacias como “mayor eficiencia y razonabilidad en el gasto”, “transformación de mecanismos de gestión y financiación”, “mejoría de las condiciones del personal de salud”, etc. Lo único que se busca es legalizar el mayor traslado de recursos de la historia, a manos de variopintas EPS que obviamente son las mayores responsables de lo sucedido con la pandemia.