LEY 100: LA MUERTE DE LA MEDICINA EN COLOMBIA

Dr. Gonzalo Ernesto Díaz Murillo

Este artículo, aunque se dirige a analizar la Ley 100 de 1993 en Colombia, es aplicable a todas las políticas neoliberales que pretenden explotar a los enfermos y a los trabajadores de la salud en todo el mundo. Si se compara dicha Ley con las políticas de Salud en otros países, se encuentra que son lo mismo.

LEY 100: La Muerte de la Medicina Colombiana

«La medicina con intermediarios desmotiva al médico, despersonaliza al paciente y deshumaniza el ejercicio profesional.»

La Ley 100 sólo comprende dos clases de ejercicio médico: el asalariado y el adscrito a EPS e IPS. En ambos casos el médico pierde su autonomía pues debe aceptar las condiciones que le son impuestas.

Cuando existe contrato laboral éste garantiza salario y horario fijos, prestaciones, vacaciones, tiempo para estudio, lugar de trabajo, implementos y asistentes, pero con pérdida de autonomía y salario insuficiente.

De otro lado, el médico que se afilia a intermediarios es abusado pues:

·         Pierde su autonomía

·         Está mal remunerado

·         Debe pagar todos los gastos de su trabajo: arriendo, cuotas, administración, empleos, insumos, etc

·         No se le reconocen vacaciones ni prestaciones

·         No tiene horario fijo, ni tiempo para actualizarse y menos aún oportunidades de investigación científica

Excluimos las adscripciones a empresas ejemplares que reconocen tarifas justas, pues son minoría y no están comprendidas en la Ley 100.

A continuación, analizamos los siguientes artículos de la mencionada ley, aclarando que los enfatizados son nuestros:

ART 153 -1. «EQUIDAD. El Sistema General de Seguridad Social en Salud proveerá gradualmente servicios de salud de igual calidad a todos los habitantes de Colombia independientemente de su capacidad de pago o riesgo ….»

Sería excelente si la nivelación de la calidad estuviese por lo alto y no por lo bajo, como será en realidad. El numeral 2 del mismo artículo, que establece su obligatoriedad, el numeral 4 del mismo que impide la libre escogencia del médico, el numeral G del artículo 156 que hace obligatoria la intermediación de terceros, el artículo 156-b que establece el pago forzoso por parte del usuario, y el manejo de recursos insuficientes por parte del Estado, EPS e IPS, garantizan que la nivelación de la calidad será por lo bajo.

ART 153 -2. «OBLIGATORIEDAD. La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud es obligatoria para todos los habitantes de Colombia…»

Somos testigos y víctimas de los «servicios» obligatorios. Son ejemplos el difunto ISS y su nivel de ineficiencia, reflejado ahora en la autoliquidación; los exámenes médicos para tramitar el pase, el cual es otorgado a un ciego con el visto bueno de un colega mal remunerado; el seguro obligatorio para automóviles y su inoperancia; la revisión obligatoria de automóviles, cuya utilidad la demuestran los incontables vehículos en pésimo estado que transitan por la capital contaminando el aire, obstaculizando el tráfico y arriesgando las vidas de pasajeros y peatones, de lo cual Transmilenio, movido por diésel y gas, comprobados cancerígenos es un ejemplo.

Con estas experiencias es fácil prever la inutilidad y corrupción que generará la afiliación obligatoria a un sistema de salud planeado y controlado por el Estado.

ART 153 -4. «LIBRE ESCOGENCIA. … y asegurará a los usuarios libertad en la escogencia entre las Entidades promotoras de Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, cuando ello sea posible….».

Resulta que para poder escoger un médico se requiere que éste trabaje para alguna EPS o IPS y por tanto haya aceptado las tarifas y sueldos que aquellas deseen pagar, según el artículo 156-g, que afirma que los profesionales deben tener vinculación laboral o estar adscritos a la EPS. El artículo 156-K reafirma lo mismo. Por lo anterior: no habrá libre escogencia.

ART 156 -b. «Todos los habitantes de Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, previo el pago de la cotización reglamentaria….»

Dicho de otra forma: se hace obligatorio pagar por un servicio no deseado, porque si se deseara no sería obligatorio. Y el dinero obtenido contra la voluntad de las personas genera corrupción, pues el pago debe ser efectuado independientemente de la calidad y utilidad del servicio.

ART 156 -g. «Los afiliados al sistema elegirán libremente la Entidad Promotora de Salud, dentro de las condiciones de la presente ley. Así mismo escogerán las Instituciones prestadoras de servicios y/o los profesionales adscritos o con vinculación laboral a la Entidad promotora de Salud, dentro de las opciones por ella ofrecidas.»

Si todos tenemos que afiliarnos al Sistema General de Seguridad Social, todos estaremos limitados a obtener atención únicamente de los médicos empleados o adscritos a las EPS, y que por ende se hayan visto obligados a aceptar sus condiciones. Digo obligados porque dudo que algún colega con años de experiencia se sienta a gusto en su propio consultorio, p. ej. En el estrato 6 donde los costos son más elevados, atendiendo ejecutivos bien remunerados con tarifas irrisorias.

El médico, como cualquier persona, debe mantenerse y generalmente no tiene otra opción. Esto lo obliga a reducir el tiempo por consulta para poder atender más pacientes y obtener rentabilidad.

La mayoría de pacientes atendidos con intromisión de intermediarios deben esperar incluso meses para obtener consultas especializadas, ecografías, exámenes, etc., pudiéndolos conseguir de inmediato y con excelente calidad con profesionales independientes. Esta sobresaturación no sucede por escasez de médicos pues muchos están desempleados o subempleados. Sucede porque la medicina con intermediarios forma grupos que acaparan la remisión de enfermos contra su voluntad elevando así el volumen de pacientes por médico.

Digo contra su voluntad, pues sabemos que, si el paciente tuviese libertad de escoger a su médico, con seguridad consultaría al profesional independiente. Y los intermediarios no contratan suficiente personal para ahorrar costos, lo cual incrementa el desempleo médico y rebaja considerablemente la calidad de la atención, que se pretende obligatoria.

ART 156 -k. «Las Entidades Promotoras de Salud podrán prestar servicios directos a sus afiliados por medio de sus propias Instituciones Prestadoras de Salud o contratar con Instituciones Prestadoras y profesionales independientes o con grupos de práctica profesional, debidamente constituidos».

Este numeral reafirma lo estipulado en el 153-4 y no requiere comentarios adicionales.

Los medios informativos han resaltado inconveniencias de esta ley. A continuación, algunos ejemplos, aclarando que los enfatizados son nuestros:

«….6. ¿Qué va a pasar con los profesionales de la salud que tenemos consultorios independientes?

Los consultorios independientes en cuanto cuenten con los requisitos legales para prestar servicios de salud, pueden contratar con las EPS y con las prepagadas que presten planes complementarios.

La atención de pacientes particulares estará sujeta a que se encuentren afiliados a la EPS a la cual está inscrito o a la voluntad del usuario de pagar doblemente la cotización al sistema y la consulta particular. ….»

EL TIEMPO, enero 22 de 1995, Pág. 2C

No solamente se obliga a los colombianos a afiliarse a un sistema de calidad cuestionable, sino que cuando requiere servicios médicos eficaces, se le castiga cobrándole doblemente. Es decir, se condena el ejercicio independiente de la profesión médica.

«La ley 100 implícitamente exige al cuerpo médico replantear su forma de ejercer la profesión. Le brinda la oportunidad de independizarse del sistema salarial para trabajar en grupos privados o como grupos de especialistas contratar sus servicios con las IPS que surjan a partir de enero de 1995. La oportunidad para todo profesional es la de adquirir autonomía (sic) a través de la «empresalización» de la «prestación de servicios de salud»…..»

EL TIEMPO, diciembre 21 de 1994, Pág. 5A.

Lo expresado en la frase «adquirir autonomía» como consecuencia de la primera parte del párrafo, es un contrasentido ya que al trabajar en grupos se pierde precisamente autonomía. Por ello anexamos la nota «(sic)» para recalcar que así está escrito en el original. De cualquier forma, es cierto que la ley 100 exige al médico replantear su forma de ejercer la profesión. Ya no tendrá las ventajas del salario con sus prestaciones y vacaciones, y tampoco tendrá las ventajas del ejercicio independiente con su autonomía.

Personalmente no me gusta el término «empresalización» de servicios médicos. Ello significa la adhesión de intermediarios que de una u otra forma encarecen y obstruyen las conductas médicas éticas y científicas en pro de intereses económicos. Estoy seguro que los familiares de los enfermos graves desean tener influencia en las decisiones que se tomen. Y ésta influencia se da solamente a través de la injerencia directa en la asignación de los recursos.

Cuando existe un intermediario entre los recursos, el médico, el paciente y sus familiares, los intereses del intermediario predominan sobre los deseos de los demás involucrados. Además, el ente fiscalizador máximo del sistema propuesto es el Estado, a cuyo cargo ha tenido una porción muy pequeña de la Salud y que ha sido incapaz de fiscalizar y manejar satisfactoriamente. ¿Qué podemos esperar de ese mismo Estado con la responsabilidad de la Salud obligatoria de todos los colombianos, con intermediarios innecesarios de por medio?

Presumo que los legisladores desconocen intencionalmente las consecuencias de esta ley. Consideremos el factor económico: Un anciano requiere más cuidados que un joven. Ambos cotizan al servicio de salud, usualmente el anciano cotiza parte de su pensión y el joven parte de su producto. Los intermediarios tienen varias opciones: No aceptan afiliaciones de ancianos, o demoran su atención, excluyen preexistencias, o les asignan tarifas más altas. Se espera que el Estado cumpla su función y se haga cargo de los desvalidos económicamente. ¿Si la afiliación al sistema de Salud se torna obligatoria para todos, que pasará? En primer lugar, las restricciones tarifarias impuestas por el Estado obligarán a los intermediarios a limitar sus recursos. Ello originará reducción generalizada de la calidad de atención y en consecuencia acortamiento del tiempo de vida de los más débiles —ancianos, nonatos, neonatos, enfermos graves y crónicos—, cuyos decesos a su vez reducirán gastos en atención, incapacidades y pensiones. Un bebé con graves alteraciones también requiere atención costosa. La limitación de recursos que mencionábamos arriba también acelerará su deceso, con el consiguiente ahorro de costos de atención. ¿No podrían estos hechos propiciar una especie de eutanasia por la reducción forzada de los recursos?

De otra parte, conductas en apariencia esmeradas podrían también conducir a algo infortunadamente similar, por ejemplo: La amniocentesis temprana y la biopsia de vellosidades coriónicas permiten el diagnóstico precoz de malformaciones y alteraciones fetales, pero con riesgo alto de producir aborto. Si estas intervenciones se practicasen frecuentemente, aumentarían los abortos como complicación en las mujeres intervenidas. El costo de atención del aborto es menor que el del parto, sobre todo en gestantes añosas, y requiere además menos incapacidad. Tampoco habría gastos para el bebé y sus posibles preexistencias. Además, estos procedimientos permitirían descubrir alteraciones que pudieran constituirse en futuras preexistencias, cuya atención según la ley 100, es responsabilidad obligatoria de un sistema de salud que sabemos con recursos limitados. ¿No podría dar esto pie a incentivar la reducción de la atención cuando se encontrasen diagnósticos prenatales graves? ¿No sería factible que se estimulara la práctica de amniocentesis temprana y de biopsias coriónicas a las gestantes añosas pues se limitaría el número de nacimientos con preexistencias? Ya, a finales de los 70s se estimuló económicamente al médico para practicar esterilización quirúrgica. Quizás un legislador sin conocimientos médicos afirme que esto es exageración. Pero los colegas que conocen el riesgo y resultados del empleo de estas conductas, saben que esto es perfectamente factible. Es más, el objeto de estos exámenes en los países que permiten el aborto es establecer diagnósticos prenatales que lo pudiesen justificar.

Y algo similar sucede con la Biopsia de próstata, que suele causar septicemia y muertes innecesarias, pero que es política (lo llaman protocolo) de los intermediarios.

Recordemos que en Colombia se trafica con órganos, con sangre, con cuerpos, con seres humanos, etc. Recordemos que la ley de donación hace obligatorio donar, incluso violando convenios internacionales.

No queremos que lleguen la eutanasia y el aborto obligatorios, como bien podría estar ya sucediendo. Creo que es prudente prevenir, sobre todo en un país con un grado tan alto de corrupción como Colombia.

En la medicina independiente, que se quiere aniquilar, esto es menos probable ya que los deseos del enfermo y familiares, sumados a la posibilidad de éstos de manejar los recursos y a la libertad de elección y acción del médico, garantizan que la atención se centrará exclusivamente en preservar la vida. En esta medicina, éticamente, se puede pecar por exceso, mas no por defecto.

En la aplicación de la ley 100 están contempladas tarifas por diagnóstico (!), hay una tarifa para la apendicitis, otra para la colecistitis, otra para la neumonía, etc.

Los médicos decimos: «no hay enfermedades sino enfermos». Pero según la ley 100, no hay enfermos sino enfermedades, cada una con su tarifa. Es lícito pensar que para ampliar la cobertura las tarifas se hayan calculado por lo bajo, con la consiguiente desventaja para los que superan el promedio: ancianos, embarazadas, neonatos, pacientes con defectos congénitos, enfermos crónicos, etc. E

Existen argumentos válidos que pudieran utilizarse para respaldar conductas ahorrativas. Por ejemplo, algunos colegas prefieren mantenerse a la expectativa ante una amenaza de aborto, aunque respetan los deseos de sus pacientes y allegados. Eso está muy bien. Otros, ante la misma patología toman parte activa iniciando alguna terapia. También es correcto.

Lo que estaría mal es que por el factor económico dominante de la medicina «empresalizada» o como se desee llamar, se acoja la conducta más barata. ¿A cuántos niños se les agravan infecciones respiratorias por no suministrarles oportunamente antibióticos? ¿Cuántos pacientes con infarto terminan en la funeraria por ser tratados en forma expectante? ¿Cuántos embarazos terminan en aborto por no haber recibido orientación y tratamiento oportunos? ¿Cuántas personas han muerto por qué no se les hace una ecografía? ¿Qué orientación se puede suministrar con consultas con tarifas irrisorias? ¿Cuántas enfermedades se complican por no haberlas tratado oportunamente? Es más barato morir que enfermar. Por ello la medicina no debe «empresalizarse» y no puede ser obligatoria.

Los médicos en su función más simplista: diagnosticar y formular, no somos indispensables. Cualquiera puede hacerlo con un computador y software apropiado. Los droguistas usan un Manual Merk y un Vademecum. Y por el poder autor reparador del cuerpo el margen de error es alto.

Esta atención seguramente si vale lo que pagan los intermediarios. Pero los médicos somos más que eso, tenemos años enteros de preparación y entrenamiento, no sólo para diagnosticar y formular, sino para comprender y aliviar. Y para ello se requiere dedicación y tiempo. Si el Estado denomina «salud» a un menú de diagnósticos con precio y tratamientos preestablecidos y acomodados, puede dejar la salud en manos de tecnólogos y contadores y ahorrar mucho dinero. Pero si eso es Salud, la «salud» es un fraude.

…. «Como subsistirán los centros médicos y los profesionales independientes?

R/. Los profesionales de la salud independientes, en su importante labor de promoción y prevención de salud en el primer nivel de atención, deben agruparse para ser instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), y negociar de esta forma, con las Empresas Promotoras de Salud, unas tarifas adecuadas que les garantice su supervivencia. … «

Investigaciones Médicas, número 65 Pág. 8

Aunque la carrera de medicina es la más costosa y la que requiere más años de estudio, sacrificios y responsabilidad, conocemos las injustas condiciones salariales a que están sometidos nuestros colegas. Paros y renuncias masivas lo demuestran. Las tarifas que reconocen son ínfimas.

Otros oficios muy respetables pero que no requieren tantos sacrificios, preparación y responsabilidad, son mejor remunerados. Un buen latonero gana más por hora de trabajo que lo que se le pretende asignar a un médico. Por la ley 100 el médico deberá trabajar obligatoriamente para las EPS o IPS, horarios de más de 12 horas para poder apenas sobrevivir (ya no se habla de vivir decorosamente), sin prestaciones y sin vacaciones. Llegará el punto en que no podrá mantener su consultorio y se le asignará un salario para poder ejercer, pero ya su precio estará muy rebajado.

Mis profesores de medicina interna enseñaban que a cada consulta debería asignársele al menos una hora para anamnesis, examen físico, formulación, evaluación de análisis de laboratorio, y a responder las preguntas de los pacientes y sus familiares, esto sin considerar la charla amigable en la cual muchas veces obtenemos la confianza del enfermo y datos para un mejor tratamiento. Eventualmente requeriríamos más tiempo, por lo cual sería prudente asignar minutos extra, que, de no ser utilizados, podríamos seguramente dedicar a incrementar nuestros conocimientos.

La sabiduría de aquellos maestros nunca consideró el tiempo que toma la elaboración de cuentas de cobro, incapacidades, constancias, formularios estadísticos, RIPS, recibos, certificados, etc. Jamás tuve profesores de medicina con intermediarios y como ejerzo independientemente, no sé con certeza cuanto tiempo debiera asignar para una donde tuviese que llenar toda clase de papelería inútil, eso sin contar las “genialidades “que exigen las secretarías de salud corruptas, como medir los desperdicios biológicos con una balanza gramera, y lidiar con los corruptos funcionarios de salud que tratan de sacarnos dinero en una u otra forma.

Los “usuarios”- se llaman usuarios los afiliados a intermediarios. Los médicos particulares aún vemos pacientes- se quejan de mala atención y culpan injustamente al médico. Este les ofrece lo mejor que puede, pero la tarifa irrisoria que recibe le impide asignar más tiempo y recursos a cada paciente: la Anamnesis se limita al Motivo de Consulta pues no hay tiempo para la Enfermedad Actual y menos para la Revisión por Sistemas. Algunos antecedentes deben reportarse obligatoriamente en un formulario especial, que como todo lo obligatorio está diseñado para cumplir un requisito (para llevarle dinero a un funcionario corrupto), más no una función.

Las secretarias suelen llenar los formularios con los inevitables errores. El examen físico debe reducirse al mínimo y casi no hay tiempo ni para medir la presión arterial. En países con sistemas similares no lo hacen, según nos cuentan los propios pacientes. La apariencia general debe limitarse al atuendo; la piel se reserva para el dermatólogo, los ojos para el oftalmólogo, los oídos para el otorrino, etc. Los especialistas lo agradecen pues sufren igual explotación. La Impresión Diagnóstica es igual al Motivo de Consulta expresado en términos científicos. El plan de estudio es simple: cada síntoma exige un especialista o examen. Y como todos están bajo las mismas condiciones, los resultados suelen ser negativos. El plan de tratamiento debe limitarse a la formulación —según las existencias de la farmacia si el intermediario también suministra la droga—.

No hay tiempo para explicaciones y menos para conversar. Si el enfermo no mejora vuelve a control, pero esta vez el médico recibirá menos pago por su tiempo, por lo que el tiempo será más precario. Se solicitan más exámenes o se remite a otro especialista y el ciclo se repite hasta que el paciente mejore, lo cual afortunadamente sucede en algunos casos gracias al poder reparador del cuerpo. Si definitivamente el problema no desaparece o se agrava, el enfermo acude al médico independiente, que muchas veces puede ser el mismo que lo atendió en un comienzo, pero esta vez con mejores condiciones y resultados para ambos, gracias a la ausencia de intermediarios. Si somos imparciales, sabemos que esto es cierto. Pero la culpa se le quiere imputar injustamente al médico.

Los colegas asalariados o adscritos a medicina prepagada tienen que lidiar con «pacientes» sanos que desean «sacarle el jugo al seguro». No hay motivación para atenderles pues sus quejas son falsas: desean una justificación para llegar tarde al trabajo o para obtener tiempo libre. Compadezco a mis colegas que tienen que soportar esto. Lo viví personalmente en el ISS y en Cajas de Previsión. Sin embargo, durante más de 41 años de ejercicio independiente jamás un paciente particular ha solicitado mis servicios o me ha sido remitido sin un motivo de salud justificado.

Hay pacientes que furiosos con el intermediario la cual están afilados, se tornan agresivos, destruyen intencionalmente muebles, revistas e implementos de las salas de espera, ofenden a las secretarias y eventualmente a los médicos.

He confirmado —porque he tenido el placer de atenderles— que esos mismos pacientes, otrora descorteses y agresivos, son excelentes personas cuando solicitan servicios con colegas independientes. Estoy convencido que médicos y pacientes deberíamos unirnos e impedir que intermediarios se enriquezcan con la enfermedad de unos y el trabajo de otros. Debemos impedir que las leyes aplicadas sin conocimiento destruyan la relación médico-paciente y nos hagan aparecer injustamente como los culpables de las consecuencias.

Los médicos además de gastos fijos, tenemos egresos adicionales por cada consulta o examen. Cuando lo percibido por cada servicio es insuficiente, los recursos tienen que ser limitados. Por ejemplo, en espéculo desechable tiene un valor que se debe deducir de los honorarios.

Es poco probable que se desee ahorrar su costo, pues se considera el gran riesgo que implicaría comparado con su valor percibido. Pero si la consulta deja solamente honorarios irrisorios asequibles después de meses de trámites, el espéculo costaría un gran porcentaje del costo de la consulta. Reutilizando el espéculo quizás 8 veces se ganaría una consulta, que equivaldría a un incremento aproximado del 12.5% en consultas ginecológicas. El riesgo percibido será menor en relación al costo del espéculo. Cosas similares suceden en el mantenimiento de aviones, buses, construcción de puentes, etc. Recuerdan Hidroituango, Transmilenio, por sombrar unos pocos. Idénticas consecuencias.

Cada vez son más los médicos que después de haber atendido de 15 a 25 pacientes «usuarios» más 2 o 3 particulares, de 3:15 pm a 7:15 pm y durante muchos meses, han advertido que su clientela privada decrece lentamente. Estas cifras son auténticas: 8.5 minutos por paciente (sin contar con la atención de visitadores médicos, consultas telefónicas, consultas en libros, necesidades fisiológicas, etc.), obtenidas directamente de la recepcionista de un especialista trabajando para un intermediario, con citas a 20 días. Según los colegas afectados, ellos procuran dedicar el tiempo y atención necesarios a los pacientes particulares, lo cual es cierto y prueba de ello es que sus secretarias al dar una cita preguntan: «¿Particular o de empresa?». ¿Pero no sería posible que el hábito predominante: 15 «prepagados» —calculando conservadoramente— contra 2-3 particulares, haya nivelado la atención de todos sus pacientes al nivel prepagado? Ello crearía un ciclo exponencialmente descendente, pues además de la pérdida de clientes particulares por las falsas expectativas que crea la medicina con intermediarios —excelencia a precios de feria—, pudiera el médico inconscientemente estar ahuyentando a su propia clientela particular, empujándola hacia la medicina prepagada, donde por un costo considerablemente menor, obtendría igual atención, incluso con él mismo. Con todo, la medicina con intermediarios comenzó a revelar síntomas de su patología. Y eso causa pérdidas.

Obviamente tendrán que recuperar las pérdidas reduciendo recursos pues el Estado por un lado limita las tarifas y por otro incrementa la cobertura. Una de ellas ya redujo unilateralmente los honorarios por consulta —lo cual sería ilegal si la relación fuese laboral—. Esto se pretende generalizar.

Obviamente el Estado está trasladando sus funciones de salud al sector privado, aprovechando las características de la medicina prepagada, ¿para así tener a quien culpar por su inoperancia? Por eso se privatizó el ISS y de las Cajas de Previsión, y poder así deshacerse de los médicos asalariados para volverlos adscritos, con el consiguiente ahorro de prestaciones.

El TIEMPO publica semanalmente métodos de medicina alternativa, pues existe gran interés por parte del público. No conozco mucho de medicina alternativa, pero al tener la fortuna de atender pacientes particulares remitidos por colegas de todas las especialidades y medicinas —incluso de las prepagadas cuando sus exámenes resultan negativos y el enfermo no mejora—, llego a una conclusión: los pacientes prefieren ir al médico que les otorga un trato más humano y les dedica más tiempo. Este trato generalmente lo encuentran con el profesional independiente, sea ortodoxo, que somos cada vez menos, o con el alternativo, cuyo número es cada vez mayor.

Para terminar, deseo recalcar que éste escrito pretende ayudar al médico a tomar conciencia de la posición en que se le viene colocando y a recobrar el respeto y consideración a que tiene derecho cada uno de nosotros, sin importar el tipo de medicina que se haya decidido o haya visto obligado a ejercer.

Es obvio que mientras el médico no comprenda realmente lo que está poniendo en juego al permitir la intromisión de intermediarios en su profesión, sus condiciones profesionales, laborales y sociales continuarán rebajándose, pues su silencio es interpretado como complacencia.

Todos, junto con nuestros pacientes, somos víctimas de legislaciones corruptas que viendo y utilizando al médico como un recurso barato y manipulable, pretenden metas políticas y económicas mediante la corrupción de la Medicina, transfiriendo la culpa a nuestros colegas

 Ya es tiempo que las Universidades y la Academia de Medicina se pronuncien

Dr. Gonzalo Ernesto Díaz Murillo.

Dr. en Medicina y Cirugía. Universidad Nacional de Colombia. Ultrasonido